En mayo de 2011, cuando se mudó con su marido a un piso reformado recientemente de Brooklyn, en Nueva York, Niki Hernández-Adams estaba embarazada. Quince meses más tarde, un examen médico rutinario revelaba tasas de plomo tan elevadas en la sangre de su recién nacido que las consecuencias sobre su salud fueron irreversibles. La joven madre decidió entonces presentar una demanda contra el propietario de la vivienda, con el fin de obtener una indemnización por daños y perjuicios (compensatory damages).
Al término de una batalla judicial de cuatro años, el propietario fue declarado culpable. El tribunal debió entonces fijar la indemnización que recibiría la víctima. Para ello, los jueces y los miembros del jurado se basaron en los testimonios de expertos encargados, por un lado por el demandante y por el otro por el acusado, de evaluar el perjuicio económico padecido, que incluía los posibles gastos médicos o funerarios, los daños (...)
